Aprueba el Pleno Ley de fomento al emprendimiento juvenil del Estado de Sonora

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Hermosillo, Son., febrero 13 de 2020.- Motivar e incentivar la actividad empresarial de los jóvenes mediante el establecimiento de condiciones que les permitan competir en un mercado cada vez más desarrollado, es uno de los objetivos de la Ley de fomento al emprendimiento juvenil del Estado de Sonora, aprobada hoy por unanimidad del Pleno.

La diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada, quien el 9 de abril de 2019 presentó la iniciativa con proyecto de ley, expuso que Sonora cuenta con un ambiente propicio para impulsar la cultura emprendedora, además de que el sistema educativo destaca a nivel nacional por su calidad y el talento de los jóvenes sonorenses es reconocido a escala internacional.

“El crecimiento de nuestras empresas en sectores como el automotriz, el aeroespacial, el eléctrico-electrónico y el energético, han posicionado nuestra región como una de las más atractivas a nivel mundial.

“Estas condiciones, aunadas a una juventud sonorense acostumbrada a abrirse camino en estos tiempos inciertos, y a incorporar la tecnología y la innovación en sus actividades diarias, ubican a nuestro Estado en una posición inmejorable para convertirse en la cuna del emprendimiento juvenil”, aseveró la Presidenta del Congreso del Estado.

La Organización Internacional del Trabajo elaboró un estudio regional sobre promoción del emprendimiento y la innovación social juvenil, enfocado en América Latina, en el cual recomienda que el fomento de las actividades emprendedoras se enfoque, principalmente, en las personas más jóvenes, sostuvo Gradías Ahumada.

La Ley se conforma por 21 artículos, distribuidos en cuatro capítulos: Disposiciones generales; De las autoridades y órganos competentes; Del Fondo para la Juventud Emprendedora; y De los incentivos fiscales. En éste se ordena a la Secretaría de Economía que gestione ante la Secretaría de Hacienda la inclusión, en el proyecto de Ley de Ingresos del Estado, de la propuesta de incentivos fiscales a favor de las y los jóvenes emprendedores.

Tendrán obligaciones el Poder Ejecutivo estatal, a través de las secretarías de Economía, del Trabajo, de Educación y Cultura, y el Instituto Sonorense de la Juventud, así como lo que les corresponda a los ayuntamientos.

Enviarán exhortos; aprueban dictámenes

En esta sesión ordinaria se aprobó una iniciativa con punto de Acuerdo, en la que el Pleno resuelve exhortar al Congreso de la Unión y a la Fiscalía General de la República, a efecto de que se abstengan de eliminar el delito de feminicidio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Penal Federal.

La diputada María Dolores Del Río Sánchez expuso que, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2019 se cometieron 976 feminicidios en el país, y su aumento va de la mano con el incremento de muchas otras formas de violencia contra las mujeres, y se agrava más ante la falta de actuación con perspectiva de género de las autoridades.

“El feminicidio es la forma de violencia más grave en contra de la mujer, sin embargo, es prácticamente la única conducta punible con perspectiva de género en la legislación penal federal.

Por ello, cuando hablamos de combatir la violencia de género debemos plantear un amplio catálogo de conductas que deben normarse y sancionarse con especial severidad en la legislación penal y que seguramente impactarán en la disminución de muchos delitos de género”, aseveró.

Del Río Sánchez calificó como alarmante la intención del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de eliminar el tipo penal de feminicidio para redefinirlo como agravante del homicidio, bajo el argumento de que para el Ministerio Público es difícil acreditarlo, en el marco de la iniciativa de creación de un Código Penal único en México.

La propuesta de la legisladora recibió comentarios de apoyo de parte de los diputados Luis Armando Colosio Muñoz, Carlos Navarrete Aguirre, María Magdalena Uribe Peña y Luis Mario Rivera Aguilar.

Otro Acuerdo aprobado por la asamblea es el que resuelve exhortar al Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, a propuesta de la diputada María Magdalena Uribe Peña, para que por medio de sus facultades y atribuciones, se realicen las acciones correspondientes para que las plataformas digitales cumplan con su obligación impositiva, así como destinar el recurso recaudado a los fideicomisos de las oficinas de convenciones y visitantes.

Indicó que de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Guaymas-San Carlos, A.C., le solicitaron defender que el Impuesto Sobre Hospedaje llegue íntegro a los fideicomisos, como ha sido hasta la fecha: 90 por ciento para las OCV y diez por ciento para gastos administrativos de la Secretaría de Hacienda.

Derivado del primer foro consultivo para socializar las iniciativas para crear una secretaría de turismo estatal y una nueva ley de turismo, personal de la Oficina de Convenciones y Visitantes Guaymas-San Carlos, manifestaron su preocupación porque a pesar de los esfuerzos realizados por dicha organización para aumentar la ocupación hotelera, han tenido adversidades y por lo tanto, menos recaudación y presupuesto para inversión publicitaria, agregó.

En el desarrollo de la sesión ordinaria, el Pleno aprobó dos dictámenes con acuerdos presentados por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el primero sobre la renuncia presentada por la ciudadana María Teresa Silva López, al cargo de regidora propietaria del  Ayuntamiento de Divisaderos, Sonora, con efectos a partir de hoy, razón por la cual deberá hacerse del conocimiento a la ciudadana Olivia Quintana Acuña el contenido de la resolución, a efecto de que rinda la protesta de Ley.

Se comisionó al diputado Fermín Trujillo Fuentes para acudir a la toma de protesta referida en el punto anterior del Acuerdo, en nombre y representación de este Poder Legislativo.

El segundo resolutivo aprueba la renuncia presentada por el ciudadano Manuel Arturo Lomelí Cervantes, al cargo de regidor propietario del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, con efectos a partir de hoy, por lo que se llamará a su suplente, Mario Eusebio Arriaga Aboite, para que acude a rendir protesta de Ley. Se comisionó a la diputada Yumiko Yerania Palomárez Herrera, en representación del Poder Legislativo.

Sobre este punto, el diputado Rodolfo Lizárraga Arellano solicitó no fuera aprobado el dictamen, por considerar que el procedimiento que llevó a cabo el Cabildo de Guaymas no se ajustó a las disposiciones de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y aseguró que el ciudadano que renuncia a la Regiduría ya lo ha hecho en otras ocasiones, y esta vez es porque se pretende que asuma la Secretaría de dicho órgano de gobierno municipal.

La postura del legislador generó un debate en el Pleno con algunos de los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en cuya resolución no hubo inconsistencias, ya que se calificó un acto del Cabildo de Guaymas, coincidieron los diputados Eduardo Urbina Lucero y Jesús Alonso Montes Piña. Finalmente el dictamen fue aprobado por mayoría.

Turnan iniciativas a comisiones dictaminadoras

En esta ordinaria, la Presidencia turnó a comisiones cuatro iniciativas con proyectos de decreto presentadas por los diputados Martín Matrecitos Flores, Marcia Lorena Camarena Moncada, Orlando Salido Rivera y Rodolfo Lizárraga Arellano, a efecto de modificar disposiciones de las leyes de Cardioprotección, la de espectáculos públicos del Estado, el Código Penal y la Ley de Transporte, respectivamente.

Matrecitos Flores afirmó que la Ley de Cardioprotección, aprobada por la anterior Legislatura, es un instrumento que sin lugar a duda permite reducir los eventos por muerte súbita cardíaca, sin embargo encontró oportunidades de mejora regulatoria en la misma, ante el hecho de que las enfermedades del corazón son la primera causa de muerte en adultos en la entidad.

Propuso que se consideren áreas o terrenos cardioprotegidos con desfibriladores en los siguientes inmuebles y espacios: edificios públicos o privados; escuelas en todos sus niveles; oficinas; espacios turísticos; cualquier lugar de descanso o esparcimiento; hoteles; gimnasios; terminales de transporte (portuarias y terrestres); centros nocturnos, como bares, antros y centros de bailes exóticos; centros comerciales; supermercados; centros quirúrgicos que no cuentan con servicio de emergencia; clínicas privadas; casinos; estadios y campos deportivos, entre otros.

La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Salud, mientras que a la Comisión de Deporte se envió la presentada por la diputada Camarena Moncada, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley para la celebración de espectáculos públicos del Estado de Sonora, con el propósito de imponer sanciones claras y contundentes a quienes fomenten o generen conductas violentas en espectáculos deportivos.

Expuso que la legislación en cita no establece sanciones claras y ejemplares para aficionados, jugadores, entrenadores, jueces o directivos que promuevan o realicen actos violentos dentro o fuera de los estadios, o antes, durante y después de los eventos deportivos, como sí está estipulado en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, que imponen sanciones más rigurosas contra personas que promuevan o realicen actos de violencia, como ha ocurrido frecuentemente en diversas ciudades del Estado.

Y para eliminar el delito de calumnias del Código Penal para el Estado de Sonora, a fin de no afectar la libertad de expresión de las y los comunicadores, el diputado Orlando Salido Rivera presentó una iniciativa con proyecto de decreto que deroga disposiciones de dicha legislación punitiva.

Recordó que el 8 de febrero de 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación general número 24, sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México, en la que solicitó a los gobernadores de los estados promover las adiciones y reformas necesarias ante sus respectivas legislaturas, a efecto de que los delitos de injurias, difamación y calumnias sean despenalizados, y que en su caso se prevean las acciones a seguir en las legislaciones civiles cuando se cause un daño.

La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. La Comisión de Transporte y Movilidad estudiará la iniciativa presentada por el diputado Rodolfo Lizárraga Arellano, con proyecto de decreto que reforma la fracción XVI del Artículo102 de la Ley de Transporte para el Estado de Sonora.

Resulta necesario, dijo, que la legislación cuente con una disposición que faculte vigilar al concesionario o permisionario para que se use moderadamente un aparato de sonido en las unidades de transporte, por considerar que este servicio público debe ser un espacio de respeto y paz, que permita un traslado armónico y que no cause conflicto, pues es para beneficio de las y los usuarios.

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Fuente: Aprueba el Pleno Ley de fomento al emprendimiento juvenil del Estado de Sonora

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